Mayores penalidades moverán concesiones mineras en el 2019

Tres decretos legislativos obligarán a todas las mineras a acreditar un mayor monto de producción mínima. Las que no lo hagan pagarán una mayor penalidad. Algunas juniorpodrían renunciar o transferir sus concesiones.

La entrada en vigencia de los Decretos Legislativos (DL) 1010, 1054 y 1320 el 1 de enero del 2019 reconfigurará las concesiones mineras.Obligará a que todas las empresas acrediten al Ministerio de Energía y Minas (MEM) un monto más alto de producción mínima en sus concesiones o deberán pagar  una penalidad tres veces más alta que la actual. Las primeras en pagar la mayor penalidad serán las que poseen concesiones otorgadas antes de octubre del 2008. El impacto sería limitado en las más grandes, pero provocaría renuncias o transferencias en las junior.

Hasta el 2008 el régimen general establecía una producción mínimapor año y por hectárea de US$100 para la minería metálica y de US$50 para la minería no metálica. Ahora será de 1 UIT (S/4,150 al 2018) en el caso de la metálica y de 10% de 1 UIT para la no metálica (S/415). Si el titular de la concesión no cumplía con la producción debía pagar una penalidad fija; ahora la penalidad será variable y se calculará en función de la producción mínima. Para el 2019, la penalidad representará el 2% de la producción mínima, pero aumentará progresivamente si el incumplimiento se mantiene y, finalmente, derivará en la caducidad de la concesión  (ver gráfico).

El objetivo del Estado al solicitar una producción mínima es evitar que haya un acaparamiento de concesiones y que las que no producen comiencen a hacerlo, según Francisco Tong, socio del estudio Rodrigo, Elías y Medrano. A juicio del experto, para la gran y mediana minería la penalidad anterior podría haber sido fácil de pagar. “Entonces no desincentivaba la liberación de áreas que no fueran de interés, sino que de alguna manera fomentaba el acaparamiento de concesiones y la especulación”, añade.

Por eso, mediante los Decretos Legislativos 1010 y 1054 del 2008, el Estado aumentó los montos de producción mínima y también las penalidades. A las mineras que recibieron sus concesiones antes del 10 de octubre de 2008 se les dio plazo hasta el 1 de enero del 2019 para cumplir con la producción. Entre enero y junio del próximo año deberán acreditar la producción mínima del 2018.

“El monto que el Estado espera que el administrado produzca ha aumentado dramáticamente. El problema es que la penalidad ya no es una cantidad fija, sino un porcentaje de la producción mínima. Es una especie de obligación adicional en caso no logren invertir o producir lo esperado en un tiempo determinado”, explica a SEMANAeconómica Ángel Chávez, socio del estudio Payet.

IMPACTO LIMITADO EN LAS GRANDES

Las concesiones en etapa de exploración de las empresas grandes y medianas serán las menos afectadas. Dichas compañías están menos expuestas al riesgo debido a que algunos de sus proyectos ya están en fase de producción. “El pago de penalidades o derecho de vigencia ha representado entre el 5% y el 10% del total del desembolso en gastos de exploración”, aseguró a esta revista Pablo Saravia, socio de auditoría y líder de Minería de PwC.

La culminación del plazo otorgada en el 2008 afectará más a las empresas que no tengan operaciones, coincide Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura, que tiene 11 minas en producción. “Tenemos forma de acreditar en casi todos los casos esa inversión mínima. Hay un costo adicional respecto a años anteriores, pero lo estimamos entre 20% y 30% adicional”, dijo Gobitz a esta revista sobre los mayores montos de producción mínima.

Minera Poderosa ha acreditado producción mínima en el 18% del área total de sus concesiones. Otro 20% son concesiones nuevas que no están obligadas a acreditar producción mínima todavía. Marcelo Santillana, gerente general de la empresa, indicó que deberá pagar más penalidades en las concesiones que no acreditó producción mínima. Sin embargo, espera cumplir con ella en el mediano plazo. “Consideramos importante identificar las concesiones con valor económico para la empresa, y la aplicación de nuestro plan de inversión para prospecciones y exploraciones, a efectos de tener más concesiones en producción y reducir y/o descartar el pago de penalidades”, explicó a esta revista.

Si bien el impacto es limitado en el caso de las mineras grandes, las movilizaciones sociales en contra de la minería pueden impedir que se ejecuten proyectos y, por tanto, que se alcance una producción mínima. “La norma no toma en cuenta que hay muchísimos retrasos como consecuencia de los procesos o de las protestas”, advierte Andrés Ferrero, gerente legal de Southern Copper Corporation.

Como se recuerda, Southern tiene pendiente el proyecto cuprífero Tía María (Arequipa) y uno de los tantos proyectos paralizados por protestas sociales. El territorio en el que se planea desarrollar el proyecto fue concesionado antes del 2008 y abarca 35,000 hectáreas. Según estimados de SEMANAeconómica, la producción mínima sería de S/145 millones y la penalidad de S/2.9 millones.

Aunque es posible que las empresas puedan solicitar al Estado que se les exima de la penalidad por motivos de fuerza mayor como las protestas, no existe una disposición explicita que lo permita. “La nueva norma no establece la fuerza mayor como causal para eximir. Sin embargo, sabemos que algunas empresas están intentando, y algunas ya lograron, una recuperación de lo pagado luego de acreditar fehacientemente la fuerza mayor. Es algo que no está tan claramente regulado ni previsto en nuestro régimen nuevo. Lo saludable sería que esta precisión exista expresamente en la norma”, comenta Tong.

Sin embargo, fuentes del sector consultadas aseguraron que el objetivo de combatir el acarapamiento, que es el objetivo de los DL, no se cumpliría si el MEM devuelve las penalidades cobradas respondiendo al pedido de las empresas afectadas por la oposición de comunidades campesinas y conflictos sociales.

EL EFECTO EN LAS JUNIOR

Las empresas junior serían las más afectadas. Sus directorios y gerencias están analizando si aceleran sus avances para entrar en etapa de producción en el menor plazo posible o si invierten más en exploración para evitar el pago de penalidades, afirma Pablo Saraviade PwC. Un mecanismo al que las mineras pueden recurrir es acreditar una inversión mínima para no pagar la penalidad. Esa inversión mínima se calcula multiplicando por diez la penalidad que recibiría la minera. 

“Las junior se dedican a la exploración y búsqueda de yacimientos fructíferos para vender o para producir. Para ellas, que no tienen producción, hay un costo elevado. Tendrán que reevaluar sus planes de exploración y ver si intensifican sus concesiones para no pagar penalidad, o si prefieren pagar la penalidad para mantenerlas, pero con la cautela de no lograr la producción mínima”, indica Saravia. En el caso de una junior, la madurez de un proyecto de exploración toma entre siete y 15 años.

En la evaluación de sus planes, entrarán a tallar numerosos factores. Además de la conflictividad social, analizarán la posibilidad de obtener financiamiento para sus proyectos, los permisos que deben tramitar ante el Estado, el precio de los metales, entre otros factores. Las fuentes consultadas coinciden en que habrá una un movimiento en la titularidad de las concesiones a partir del próximo año.

El incremento de penalidad podría conllevar a que se produzca la transferencia de las concesiones, según Chávez. “Todavía no vemos ventas de concesiones mineras, pero el próximo año quizás sí. Mientras más cerca estemos al vencimiento del plazo para pagar la penalidad [junio del 2019], es posible. El abandono o renuncia posiblemente suceda luego del próximo año”, complementó Tong.

También podría propiciar que las empresas comiencen a presentar más solicitudes para cambiar de sustancia (de metálicas a no metálicas) las concesiones improductivas que están en el régimen general. Como se ha observado, la producción mínima y la penalidad de las concesiones no metálicas son menores.

Gobitz coincidió en que habrá mayor movimiento de concesiones, pero consideró que esto no necesariamente producirá un incremento de las inversiones en exploración que las ponga en valor, porque están condicionadas por otras variables como la conflictividad social, el financiamiento o los permisos ante el Estado. “Las empresas más chicas van a tener más impacto de costo que de beneficio y van a tener que devolver la concesión. El efecto en exploraciones no va a cambiar”, remarca.

Fuente: Semanaeconómica